La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN – ES), con presencia en todas las comunidades y ciudades autónomas, ha realizado una encuesta a 90 entidades sociales en 11 comunidades autónomas, con el objetivo de detectar las necesidades de las personas que atienden durante la crisis provocada por el coronavirus, así como sus demandas para seguir desempeñando su programas y proyectos de atención a la población más vulnerable. La encuesta indaga sobre el grado de afectación de diferentes grupos sociales y de los principales problemas que tienen que enfrentar a causa de la crisis sanitaria y sus repercusiones sociales y económicas. También se analiza el impacto de las modificaciones en los servicios públicos y una valoración de los servicios y medidas que se ponen en marcha en los tres niveles de gobierno o gestión administrativa. Las entidades sociales señalan que las personas más afectadas de sus proyectos son mujeres, personas mayores, infancia y adolescentes. Estas personas y sus familias apenas tienen capacidad de responder a una crisis de este nivel. Las mujeres sufren especialmente, pues los trabajos precarizados están feminizados.  Los problemas que generan los cuidados y la conciliación, las dificultades crecientes de las familias monoparentales y la reducción de la protección contra la violencia de género también afectan casi exclusivamente a las mujeres Las personas mayores y la infancia, por ser grupos especialmente vulnerables, también se han visto fuertemente afectadas por la crisis. En el caso de las personas mayores, muchas de ellas no disponen de servicio de ayuda a domicilio y han visto paralizadas o notablemente reducidas las valoraciones de dependencia y discapacidad. Para la infancia, la brecha digital y la seguridad alimentaria son problemas que se han visto agravados. Por último, según el tipo de vulnerabilidad principal que padecen, todos los grupos que se investigan son calificados como “muy afectados” por la amplia mayoría de las entidades sociales: Personas sin hogar, desempleadas por la crisis, familias numerosas y monoparentales en situación de pobreza, personas con discapacidad y/o dependencia, personas con enfermedad mental, población inmigrante o refugiada en situación vulnerable, población gitana en situación de vulnerabilidad, personas que se dedican a la prostitución, las personas reclusas y las personas con problemas de drogodependiencia por la dificultad para mantener el tratamiento. Esta encuesta demuestra que la crisis provocada por el COVID-19 no es solo sanitaria y su componente social y económico se vuelve más importante cada día. Las personas y grupos más vulnerables han visto crecer su indefensión, teniendo que afrontar nuevos problemas a corto y medio plazo. El trabajo que las entidades realizan permite conocer en detalle la situación real de las personas sobre las nuevas medidas que se están poniendo en marcha en los diferentes niveles de gestión. Los datos muestran que, a pesar del esfuerzo, la opinión dominante es que las medidas son claramente insuficientes para contener las consecuencias sociales de la pandemia. A las entidades del tercer sector de acción social les preocupa también los recursos para llevar a cabo sus tareas, pues hay una gran incertidumbre respecto al cumplimiento de los compromisos presupuestarios de los programas en marcha; así como la necesidad de obtener permisos de movilidad para atender a aquellas personas que no pueden salir de sus domicilios, y la falta de equipos de protección individual, geles, guantes y mascarillas para su personal laboral y voluntario.

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