El pasado 14 de febrero, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha, plataforma asociativa que aglutina a las organizaciones implicadas en la mejora de la situación de las personas más vulnerables, presentó diez propuestas de lucha contra la pobreza y la exclusión para nuestra región, ya que, si los decisores públicos que salgan de las urnas el próximo 28 de mayo son capaces de comprometerse y reducir el número de personas pobres a nuestro alrededor, el progreso será generalizado para todos.
La pobreza es un efecto de la decisiones económicas y políticas, y de manera estructural Castilla-La Mancha es una de las regiones más afectadas por la pobreza en España, lo que viene motivando la importante inversión de Europa en nuestra región desde hace más veinte años. Esta inversión tiene sus contraprestaciones, como es la de reducir las personas en situación de pobreza y exclusión de las 665.000 personas actuales, a los 427.000 en 2026.
A pesar de que la tasa de pobreza ha experimentado una leve mejoría en la última década, todavía hay un gran número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, sobre todo aquellas familias con un solo progenitor (habitualmente mujer), cuya tasa de riesgo de pobreza debemos reducir un 50% para alcanzar un 17,2% en la próxima legislatura, ya que actualmente, una de cada tres familias con hijos está en riesgo de pobreza.
La desigualdad entre conciudadanos del mismo país es otro frente a abordar en la próxima legislatura, ya que la renta media de cualquier castellanomanchego no debería estar más de mil euros anuales por debajo de la renta media nacional, aún lejos de los casi tres mil euros actuales. En este factor tiene mucho que ver el 14,3% de trabajadores pobres de nuestra región, cuyo número es preciso reducir a la mitad en la próxima legislatura para evitar mayores situaciones de desigualdad.
Frente a estos retos electorales, que se pueden resumir en la erradicación de la pobreza severa en 2030 y del sinhogarismo en esta legislatura, que deben alcanzarse sobre un decidido despliegue de políticas y pilares legales como pueden ser las legislaciones de Servicios Sociales y sobre promoción del voluntariado; el despliegue de estrategias de inversión, como la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad y la I Estrategia de atención a las personas sin hogar; y todo ello, con una financiación estable, justa y adecuada de los servicios y programas sociales que harán posible abordar los retos que como región que ya no quiere seguir rezagada, tiene que afrontar.
Nuestra organización es consciente de que muy probablemente pocas iniciativas políticas incluirán en sus programas electorales compromisos como los expuestos más arriba y los que iremos desgranando más adelante, ya que está muy extendida la opinión de que “los pobres no votan”, y por tanto no es necesario considerarlos en los programas o políticas públicas, o que “no se ven pobres” ya que el fenómeno del sinhogarismo es un fenómeno testimonial en Castilla-La Mancha y los ciudadanos viven, compran y consumen solo donde sus rentas les permiten, limitando la exposición y mezcla de grupos socio-económicos dispares. Cuando en una región como la nuestra, la pobreza y la exclusión alcanzan a casi uno de cada tres castellanomanchegos, cualquiera que pretenda alcanzar el gobierno para mejorar la situación de la ciudadanía, no puede obviar esta realidad tan extendida.