La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha firmado un convenio con la Consejería de Bienestar Social destinado a financiar las plataformas y estructuras de las entidades que desarrollan su actividad no lucrativa que integran la Mesa.
El acuerdo ha sido rubricado este martes en la Consejería de Bienestar Social por parte de Guadalupe Martín, viceconsejera de Prestaciones y Servicios Sociales y José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de la región. Además, han estado acompañados por algunos representantes de cada una de las entidades que integran la Mesa: CERMI CLM, la Red de Lucha contra la Pobreza de Castilla-La Mancha (EAPN), la Coordinadora de ONGD y la ONCE, así como por la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, y el delegado de Bienestar Social en la provincia de Toledo, Maximiliano Muñoz.
«Es imprescindible esta coordinación y colaboración que va destinada a conseguir una sociedad más justa«, ha remarcado Martín. Además, recordó que este año se conmemora el quinto aniversario de la Ley del Tercer Sector en Castilla-La Mancha, una norma que sentó las bases para el fortalecimiento de las entidades sociales y cuyo desarrollo sigue avanzando con medidas como este convenio.
La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, destacó durante el acto de firma que este acuerdo es clave para la sostenibilidad de las entidades que conforman la Mesa del Tercer Sector. «Se trata de un convenio que ya se puso en marcha hace dos años, porque teníamos claro que era necesario cumplir esta demanda de la Mesa del Tercer Sector, con el objetivo de dotar de garantía y estabilidad a sus estructuras, algo fundamental para no parar la maquinaria y seguir trabajando«, afirmó.
El Tercer Sector de Castilla-La Mancha es un pilar fundamental de la sociedad, conformado por entidades sociales que trabajan en la defensa de los derechos y la mejora de las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables. Su labor resulta indispensable para complementar y reforzar las políticas públicas en materia de inclusión, bienestar social y desarrollo comunitario. En este sentido, el convenio firmado supone un reconocimiento a la importancia de estas entidades y su papel en la cohesión social.