El Instituto Nacional de Estadística hizo pública el miércoles la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2021, y con un análisis preliminar realizado por EAPN-España, y a falta de un análisis pormenorizado de datos, que publicaremos el próximo 17 de octubre Día Internacional para la erradicación de la pobreza, podemos intuir cómo ha sido el impacto en Castilla-La Mancha de la pandemia de la COVID respecto a la pobreza y/o exclusión de nuestros paisanos.
A nivel general, podemos decir que el impacto de esta crisis ha incidido en los grupos que ya estaban en situación más precaria, reflejándose en un aumento de unos 2% puntos porcentuales de media tanto en la Tasa de Riesgo de Pobreza y/o Exclusión del 30,7 % al 32,5 %, o personas que están en riesgo de pobreza, que pasa del 25,1 % al 27,4 %, de modo que hablamos de un grupo de en torno a 40.000 castellanomanchegos que estando en una situación precaria, han entrado en la pobreza como consecuencia de esta crisis.
La carencia material severa se refleja en la pérdida de calidad de vida de las personas que la sufren, y en esta anualidad estudiada han aumentado un 0,7% el número de hogares (7,5%) que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, y ha aumentado en 4 puntos porcentuales los hogares (un 13,6 %) que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, elemento relacionado con el despegue del precio de la energía.
Debemos indicar que los datos referidos a porcentaje de persona que viven en hogares con baja intensidad en el trabajo han bajado del 9,4 % en 2020 al 8,4 % en esta anualidad, fruto posiblemente del repunte del empleo post pandemia en sectores muy resistentes a esta crisis, como el agroalimentario, donde Castilla-La Mancha es una región clave y firmemente apoyado por políticas de empleo público.
También debemos indicar que históricamente en España los tiempos de bonanza económica han mantenido unos niveles de pobreza estable, con enormes picos de pobreza en los momentos de crisis, siendo la primera vez que en una crisis (la más grave de los últimos cincuenta años) la pobreza sube menos de un punto porcentual.
Por tanto, y pese a que los datos han empeorado a nivel estatal y regional, se constata la rápida reacción del gobierno central en la activación del escudo social con los ERTE como soporte general y la implantación del IMV estatal, demanda histórica de nuestra organización para paliar las manifiestas carencias de muchos territorios, que, pese a su incompleto despliegue, ha impedido que los datos de pobreza fueran más abultados.
Igualmente, se observa la necesidad de que Castilla-La Mancha refuerce las medidas de protección social desarrolladas desde su departamento de Bienestar Social, puesto que, a diferencia del ámbito nacional, el indicador de Carencia Material Severa ha aumentado en la región.
Considerar, por último, el aún limitado impacto que sobre la ciudadanía están teniendo los Fondos de Recuperación activados para responder a esta crisis, y cuya puesta en marcha no debe retrasarse más para que sus objetivos de recuperación sobre la ciudadanía sean los deseados.