En España, 6,6 millones de mujeres se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, una problemática que afecta en mayor medida a mujeres jóvenes o a mujeres en mayor situación de vulnerabilidad.
Con motivo del 8 de marzo de 2025, Día Internacional de las Mujeres, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) quiere poner el foco en la pobreza cómo forma de violencia estructural contra las mujeres, provocada por desigualdades sistémicas que requieren de respuestas políticas urgentes e integrales.
Para la entidad, las elevadas y constantes cifras de pobreza y exclusión social en las mujeres exigen de políticas públicas efectivas que garanticen sus derechos y una vida digna. Esta demanda adquiere mayor urgencia si se atiende a la creciente influencia de discursos y propuestas que amenazan los avances en igualdad y protección, que afectan a la cohesión social, y tienen un impacto mayor sobre los grupos sociales más vulnerables.
“El actual contexto político no solo pone en riesgo el reconocimiento de derechos, también su ejercicio efectivo, incluyendo las actividades del Tercer Sector y generando un empeoramiento de las condiciones de vida de millones de mujeres en España” señala Patricia Durán, representante de la Comisión Permanente de EAPN-ES.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL CON IMPACTO DIFERENCIADO
La desigualdad de género es un problema estructural que requiere soluciones profundas. Según el Avance de Resultados del XV Informe ‘El Estado de la Pobreza’, el 26,8 % de las mujeres y el 24,8 % de los hombres en España están en riesgo de pobreza y exclusión social.
A estas preocupantes cifras se suma el impacto de las políticas de protección social, que han sido insuficientes para revertir esta situación y su alcance ha sido menor en las mujeres, debido a la falta de un enfoque de género e interseccional efectivo. Desde 2015, las políticas sociales han reducido la
pobreza entre los hombres en un 14,2 %, mientras que solo un 5,8 % de las mujeres han logrado salir de esta situación.
Los hogares monoparentales, en su mayoría liderados por mujeres (80 %), se encuentran especialmente afectados: más de la mitad (50,3 %) están en riesgo de pobreza y exclusión social. Además, las niñas y adolescentes menores de 16 años, así como las mujeres de entre 16 y 44 años, presentan índices de pobreza en aumento. La carga desproporcionada de los cuidados, la brecha salarial y la precariedad laboral agravan esta situación, haciendo urgente la aplicación de políticas de corresponsabilidad y protección social.
La desigualdad de género también se ve reflejada en el mercado laboral con una brecha de empleo del 10,1% en 2023. Esto se traduce en que las mujeres trabajan más a tiempo parcial, y la principal razón es otra brecha: los cuidados de personas dependientes. Es decir, las mujeres siguen haciéndose cargo de los cuidados no remunerados por lo que acceden de forma más precaria al mercado de trabajo y tienen peores condiciones en su vejez.
INTERSECCIONALIDAD EN LAS SITUACIONES DE POBREZA
Las mujeres que enfrentan discriminaciones interseccionales, como las pertenecientes al pueblo gitano, las migrantes -en especial aquellas en situación administrativa irregular-, las racializadas, las mujeres trans o con discapacidad, sufren una vulnerabilidad aún mayor.
La tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social para extranjeras extracomunitarias alcanzaba en el 2023 el 58,7 %, muy por encima de la media nacional. Para EAPN-ES, esta realidad exige un enfoque interseccional en las políticas públicas, asegurando que las medidas adoptadas sean eficaces para todos los grupos.
En este sentido, para la entidad el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que reconoce la violencia económica como una forma de violencia de género, “es un avance necesario, pero insuficiente si no va acompañado de medidas que garanticen la autonomía económica de las mujeres”, tal y como señala María Miaja, representante de EAPN-ES.
Y apela a su vez a que la trasposición de la Directiva Europea 2024/1385 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica incluya políticas activas de empleo, protección social y acceso a recursos.
PROPUESTAS DE EAPN-ES PARA LA IGUALDAD Y LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
En este contexto, EAPN-ES urge a las Administraciones públicas a reforzar la protección social con enfoque de género, asegurando un apoyo universal a la crianza y una revisión del Ingreso Mínimo Vital que atienda las necesidades de las mujeres en situación de pobreza, teniendo en cuenta la diversidad en las familias.
Además, propone reforzar el sistema público con medidas como la ampliación de la educación infantil de 0 a 3 años con acceso gratuito, así como el refuerzo de la sanidad y la salud mental para mujeres en exclusión. Es imprescindible, además, la regularización y mejora de las condiciones laborales en el sector de los cuidados y la creación de una Estrategia Estatal de Cuidados con financiación suficiente.
Para garantizar que las políticas públicas combatan la feminización de la pobreza, es necesario también incorporar la perspectiva de género en su diseño y evaluación. Esto implica medir el impacto diferenciado de la pobreza en mujeres y hombres, priorizar este enfoque en el Consejo Asesor de Brecha de Género y evaluar los fondos europeos desde una perspectiva de igualdad.
Asimismo, es clave desarrollar estrategias específicas para los colectivos más vulnerables, garantizando derechos básicos a mujeres migrantes en situación administrativa irregular, promoviendo programas de vivienda para mujeres en situación de sinhogarismo y fortaleciendo la inserción laboral en empleos de calidad y la protección social de las víctimas de violencia de género.
Por último, EAPN-ES apuesta por la participación activa de las mujeres en situación de pobreza en la toma de decisiones. La erradicación de la pobreza no puede esperar y eso pasa por frenar la feminización de la pobreza: es hora de un compromiso real por una sociedad justa, equitativa y libre de exclusión.
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