Artículo de opinión de Raúl del Viso, gerente de EAPN CLM
Tras las pasadas elecciones autonómicas y municipales, algunas fuerzas políticas cayeron en la cuenta, al fin, de que es necesario actualizar el presente Estatuto de Autonomía de CLM para que sea más representativo de la realidad regional, aunque por la orientación de sus palabras, pudiera entenderse que tales cambios afectaban tan solo a las técnicas y modelos de elección de representantes desde el punto de vista de la matemática electoral y que no tendría en consideración las necesidades de la sociedad castellanomanchega del siglo XXI.
Si bien es cierto que los sistemas de representación parlamentaria deben ser justos y evitar que haya ciudadanos cuyo voto tenga más o menos valor que el de otros, también es necesario que en los principios rectores, derechos y obligaciones de la ciudadanía en nuestro Estatuto, queden expresadas y recogidos los elementos que garanticen la seguridad y atención a las contingencias de la ciudadanía a lo largo de sus cada vez más extensas y cambiantes vidas, dando cobertura y acomodo a las políticas que están por venir.
La situación de pobreza de un importante grupo de castellanomanchegos es un elemento central que motiva un importante volumen de las transferencias de financiación estatal y europea que recibe nuestra región desde mediados de los años 90, siendo la procedencia de estos recursos, un asunto muy periférico del discurso oficial y oficioso regional. Si bien es verdad que estos solidarios recursos de inversión nos han permitido mejorar nuestras infraestructuras, sistemas de acceso y reciclaje laboral, desarrollar nuestros pueblos y ciudades, atender las necesidades de todos los grupos de edad y ser un soporte para que nuestras vidas estén en el camino de la convergencia con las del resto de ciudadanos europeos; seguimos manteniendo a uno de cada tres castellanomanchegos en esta situación de pobreza y/o exclusión social.
Obviar a la ciudadanía que vive en algún momento de su vida situaciones de pobreza y/o exclusión social y no considerar la necesidad de luchar contra la pobreza como principios y derechos fundamentales de los castellanomanchegos supone desatender varios principios constitucionales, como son el de Igualdad y no discriminación; la protección social, dignidad y equidad en la prestación de servicios públicos del estado del bienestar, mandando un mensaje desalentador a la ciudadanía y desconcertante a la Unión Europea, que sigue financiando medidas para atajar una realidad que no tenemos en consideración en nuestra norma clave.
Por todo ello, desde la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha reclamamos un compromiso expreso con la ciudadanía más vulnerable de los partidos políticos con representación parlamentaria para que incluyan una referencia explícita a la necesidad de luchar contra la pobreza y la desigualdad en el nuevo texto de nuestro estatuto de autonomía, de modo que toda la ciudadanía, y en especial aquella que tiene más dificultades, pueda sentirse representada en nuestro texto autonómico.