La región

que queremos 2027

Propuestas para una Castilla-La Mancha con más derechos

¿Qué Castilla-La Mancha queremos?

Castilla-La Mancha afronta el ciclo electoral de 2027 con importantes retos sociales. EAPN-CLM plantea una agenda basada en derechos, prevención de la pobreza, vivienda digna, empleo inclusivo, educación, fortalecimiento del Tercer Sector, coordinación entre administraciones y patricipación real.

Menos declaraciones genéricas.

Más derechos exigibles, indicadores públicos y compromisos verificables.

EAPN CLM - La red de las personas

11 COMPROMISOS PARA LA LEGISLATURA 2027-2031

Reducir la pobreza

Reducir al 50% la tasa AROPE regional y situar a Castilla-La Mancha en una senda verificable de convergencia con la media estatal y con los objetivos de la Agenda 2030

Disminuir pobreza severa

Erradicar la pobreza severa durante la legislatura 2027-2031, priorizando a la infancia, hogares con menores, personas sin hogar, población en alquiler de mercado y desempleo de larga duración.

Una red de seguridad real

Establecimiento de una red de seguridad para la ciudadanía donde converjan ayudas públicas, acompañamiento social, vivienda social y oportunidades laborales.

Fiscalidad justa

Aprobar una Estrategia de Fiscalidad Justa contra la Pobreza que adapte tramos, deducciones, bonificaciones, tasas y precios públicos al coste real de la vida.

Vivienda digna

Movilizar y administrar socialmente el parque público de vivienda, ampliando el alquiler social y reforzando la prevención de desahucios e infravivienda.

Empleo inclusivo

Convertir las políticas de empleo en itinerarios completos de inclusión, con reserva de contratación para personas vulnerables, cláusulas sociales y conciliación.

Educación

Garantizar educación infantil 0-3 accesible y avanzar hacia el coste cero de permanencia educativa y acceso a estudios superiores para estudiantes vulnerables.

Menos burocracia

Desplegar la ventanilla social única y el reconocimiento automático de situaciones
de vulnerabilidad ya acreditadas, reduciendo cargas administrativas.

Un tercer sector fuerte

Fortalecer el Tercer Sector Social mediante financiación estable, plurianualidad, concierto social, diálogo civil vinculante y participación en todas las fases de las políticas públicas.

Evaluar para mejorar

Crear un Observatorio Regional sobre Pobreza, Exclusión y Desigualdad con indicadores públicos, informes anuales y participación de EAPN-CLM

Discapacidad

Discapacidad

Garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad mediante unaestrategia transversal de accesibilidad universal.

Garantía de ingresos, servicios sociales y ventanilla social única
  • Retomar las prestaciones económicas autonómicas y locales para que funcionen como complemento efectivo del IMV, sin dejar fuera a personas que no acceden o están en tramitación.
  • Reformular las ayudas de emergencia social para reducir plazos, simplificar justificación y asegurar cobertura suficiente en alimentación, suministros, transporte, alquiler y necesidades básicas.
  • Desarrollar una ventanilla social única interoperable entre servicios sociales, empleo, vivienda, educación y entidades colaboradoras, con consentimiento informado y garantías de protección de datos.
  • Establecer reconocimiento automático de vulnerabilidad para que quien ya ha acreditado su situación no tenga que repetir la misma documentación ante cada ayuda, tasa, bonificación o beca.
  • Actualizar el Catálogo y Mapa de Servicios Sociales como instrumentos vinculantes, con estándares mínimos de cobertura, ratios profesionales y cartera de prestaciones.
  • Asegurar que las prestaciones económicas y ayudas de emergencia tengan cuantías suficientes y actualizadas, con umbrales adaptados a la composición del hogar, el coste de la crianza y el coste real de la vida.
  • Ofrecer acompañamiento social personalizado y voluntario a las personas perceptoras del IMV y de rentas autonómicas, orientado a mejorar sus condiciones de vida y autonomía, sin condicionar el acceso o mantenimiento de la prestación.
  • Aprobar planes anuales de ejecución de las estrategias regionales contra la pobreza y el sinhogarismo, con participación de todas las consejerías implicadas, presupuesto identificado, metas verificables y evaluación pública de resultados.
  • Transformar los servicios sociales hacia un modelo centrado en la persona, que garantice escucha, participación, continuidad profesional y coordinación de los apoyos, superando una atención limitada a la gestión del expediente.
  • Garantizar que la ventanilla social única ofrezca atención presencial, telefónica y digital accesible, formularios compatibles con tecnologías de apoyo e información en lenguaje claro y lectura fácil. Ningún trámite será exclusivamente digital cuando genere una barrera de acceso.
Fiscalidad justa, preventiva y adaptada al coste de la vida
  • Aprobar una Estrategia de Fiscalidad Justa contra la Pobreza que evalúe el impacto social de impuestos, tasas, precios públicos, deducciones y bonificaciones.
  • Incorporar informes de impacto en pobreza y distribución de renta en presupuestos, ordenanzas fiscales y principales normas tributarias autonómicas y locales.
  • Adaptar tramos, umbrales y deducciones a renta disponible, composición del hogar, coste de vivienda, suministros, transporte, ruralidad y cargas familiares.
  • Crear una escalera de protección social que evite efectos frontera: superar mínimamente un umbral de renta no debe implicar perder de golpe becas, ayudas de alquiler, comedor o suministros.
  • Ampliar deducciones o mecanismos equivalentes para hogares en riesgo de pobreza, familias monoparentales, jóvenes con bajos ingresos, personas cuidadoras, mayores con pensiones bajas y hogares rurales con sobrecostes.
  • Impulsar bonificaciones progresivas en tasas municipales de agua, basura, transporte, escuelas infantiles, instalaciones deportivas y servicios esenciales.
Vivienda, sinhogarismo y exclusión residencial
  1. Crear o actualizar un inventario transparente de vivienda pública disponible, ocupada, pendiente de rehabilitación y susceptible de uso social, con objetivos anuales de puesta en servicio.
  2. Administrar el parque público con criterios de alquiler social, acompañamiento y coordinación con servicios sociales y entidades del Tercer Sector.
  3. Rehabilitar viviendas vacías o infrautilizadas, reservar suelo y promociones para alquiler asequible y establecer cupos de vivienda social en desarrollos públicos.
  4. Reforzar oficinas de mediación, ayudas urgentes de alquiler y suministros para las familias vulnerables, acompañamiento jurídico-social y protocolos de coordinación entre juzgados, ayuntamientos, Junta y entidades sociales.
  5. Impulsar planes locales de vivienda que identifiquen infravivienda, chabolismo, viviendas vacías, necesidades de emancipación juvenil y soluciones de alojamiento temporal con transición a vivienda estable.
  6. Garantizar una alternativa habitacional adecuada antes de ejecutar un desahucio de una persona o familia vulnerable, mediante un sistema integral de prevención, mediación y realojo que evite el sinhogarismo.
  7. Ampliar el parque de alquiler realmente asequible mediante financiación coordinada de la Junta, diputaciones y ayuntamientos, con acompañamiento social voluntario, integración comunitaria y criterios que eviten la segregación residencial.
  8. Incorporar el interés superior de la infancia en la política de vivienda, priorizar a los hogares con menores en las ayudas y adjudicaciones, adaptar los umbrales al coste de la crianza y publicar indicadores desagregados sobre su acceso efectivo a una vivienda adecuada.
  9. Garantizar el acceso a agua potable y suministros básicos en asentamientos rurales y urbanos, y acordar con las personas y familias afectadas planes de erradicación de la infravivienda y el chabolismo con alternativas residenciales estables.
  10. Establecer medidas específicas de acceso y mantenimiento de la vivienda para familias monoparentales, con prioridad cuando concurran bajos ingresos, ausencia de redes de apoyo o situaciones de violencia.
  11. Simplificar las ayudas de vivienda mediante información en lenguaje claro, requisitos proporcionados, apoyo presencial y plazos que eviten la pérdida de derechos por barreras administrativas.
  12. Prevenir y sancionar la discriminación racial o por origen en el alquiler y la compraventa, con servicios de mediación, prueba de situaciones discriminatorias y acompañamiento a las personas afectadas.
  13. Reforzar la información, la mediación y la protección de las personas arrendatarias frente a estafas, cobros abusivos y prácticas irregulares de intermediación inmobiliaria.
Empleo inclusivo, contratación pública responsable y conciliación
  1. Ampliar la reserva de contratación de personas en situación de vulnerabilidad en planes de empleo, entidades instrumentales, empresas públicas, contratos financiados con fondos públicos y programas de colaboración público-privada.
  2. Incorporar cláusulas sociales verificables de inserción laboral, estabilidad, formación y acompañamiento en la contratación pública autonómica, provincial y municipal.
  3. Reforzar la reserva de mercado para empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social y entidades de economía social.
  4. Vincular los planes de empleo a diagnóstico social, orientación, formación, competencias digitales, apoyo psicosocial, mediación con empresas y seguimiento tras la contratación.
  5. Ampliar planes de conciliación mediante horarios flexibles, bolsas de cuidado, servicios de proximidad y ayudas para cuidados de menores, mayores o personas dependientes.
  6. Evaluar no solo número de contrataciones, sino duración, continuidad, salario, salida a empleo ordinario, mejora de ingresos del hogar y reducción de pobreza laboral.
  7. Aprobar un plan de impulso a las empresas de inserción con financiación plurianual, ampliación de las ayudas más allá de tres años, inversión en activos que creen empleo, asistencia técnica y apoyo a auditorías sociales y certificaciones de calidad.
  8. Revisar los planes locales de empleo para flexibilizar calendarios, hacerlos compatibles con los itinerarios de inclusión y medir la transición a empleo estable, evitando que una contratación temporal interrumpa procesos formativos o sociales.
  9. Facilitar, dentro de las competencias autonómicas, el acceso a formación para el empleo de las personas extranjeras sin autorización de residencia o trabajo y reconocer la formación práctica en empresas promovida por entidades sociales.
  10. Incentivar la contratación estable y a jornada completa de personas en riesgo de exclusión, con especial intensidad en el medio rural, y adaptar la formación y los horarios laborales a las necesidades de crianza y cuidados.
  11. Crear programas de primera oportunidad laboral para jóvenes, personas migrantes y personas en situación de vulnerabilidad, combinando incentivos a la contratación estable, tutoría y formación en el puesto de trabajo.
  12. Desarrollar un programa específico de recualificación, intermediación y apoyo a la contratación para personas mayores de 50 años, con seguimiento de la estabilidad y calidad del empleo.
Infancia, educación, juventud y transmisión intergeneracional de la pobreza
  • Avanzar hacia la gratuidad universal de 0 a 3 años, comenzando por hogares en pobreza extrema, riesgo de pobreza, familias monoparentales, hogares con cargas de cuidados y municipios con menor oferta.
  • Aumentar plazas públicas de educación infantil en zonas rurales y barrios vulnerables, con horarios compatibles con formación y empleo.
  • Garantizar acceso a comedor, transporte, material escolar, libros, actividades complementarias, conectividad, dispositivos digitales y apoyos extraescolares para alumnado en pobreza o riesgo de pobreza.
  • Crear un Programa Regional de Ocio, Tiempo Libre y Alimentación en periodos no lectivos, con implicación familiar y seguridad alimentaria durante vacaciones escolares.
  • Rebajar tasas, matrículas y precios públicos universitarios y de formación superior para estudiantes de hogares con bajos ingresos, creando exenciones progresivas y adelantos de becas.
  • Reforzar la FP, certificados profesionales, educación de adultos, orientación, tutorías y pasarelas entre formación, empleo y universidad para jóvenes que abandonaron o están en riesgo de abandono.
  • Garantizar la incorporación efectiva de equipos de infancia y familia en servicios sociales de atención primaria y el cumplimiento de la LOPIVI.
  • Garantizar la gratuidad efectiva de la educación obligatoria mediante becas y ayudas que cubran libros, materiales, comedor, transporte, conectividad y actividades complementarias, y adelantar las becas de enseñanzas postobligatorias para evitar que las familias anticipen el gasto.
  • Incorporar evaluaciones de impacto en infancia y adolescencia en los principales planes y programas, con indicadores alineados con la Garantía Infantil Europea y participación de niños, niñas, adolescentes y entidades especializadas.
  • Incorporar la educación emocional, la convivencia y la gestión de las emociones como aprendizaje transversal en todas las etapas educativas, con formación y recursos para los equipos docentes.
Medio rural, brecha digital y servicios de proximidad
  • Reconocer el sobrecoste rural en fiscalidad, ayudas, transporte, acceso a servicios, conectividad, cuidados y acompañamiento social.
  • Dotar de recursos digitales, sociales y sanitarios de proximidad, con especial atención a municipios pequeños, comarcas envejecidas y territorios con transporte público insuficiente.
  • Mantener oficinas presenciales o puntos de atención itinerante para evitar que la digitalización excluya a personas mayores, con discapacidad, migrantes o familias con baja alfabetización digital.
  • Impulsar transporte social y comunitario para acceso a empleo, formación, servicios sanitarios, servicios sociales, trámites administrativos y actividades educativas.
  • Promover programas de vivienda rural asequible, rehabilitación y soluciones habitacionales para jóvenes, familias vulnerables y profesionales de servicios esenciales.
  • Financiar a entidades sociales con implantación rural como agentes de proximidad, detección temprana de exclusión y acompañamiento comunitario.
  • Garantizar cobertura móvil y capacidad de llamada a emergencias durante las 24 horas en todos los municipios, con mapas públicos de cobertura, plazos de corrección y obligaciones de servicio en las zonas sin oferta suficiente.
  • Crear una red pública de transporte rural que conecte diariamente los municipios con cabeceras comarcales y capitales de provincia, con frecuencias mínimas de mañana y tarde, servicio en fines de semana y festivos y soluciones flexibles o a demanda.
  • Mantener las escuelas rurales con ratios adaptadas e incentivar la estabilidad del personal docente, sanitario y social; reforzar los consultorios y desplegar unidades móviles especializadas en las comarcas con menor cobertura.
  • Habilitar, cuando la normativa y la seguridad lo permitan, el uso compartido de rutas de transporte escolar para mejorar la movilidad de la población rural fuera de los horarios lectivos.
  • Implantar ayudas y sistemas públicos de movilidad compartida, accesibles también sin aplicación móvil, para subvencionar desplazamientos esenciales cuando el transporte regular sea insuficiente.
  • Garantizar durante todo el año una oferta rural accesible de cultura, deporte y ocio saludable, y rehabilitar edificios y espacios vacíos para actividades comunitarias e intergeneracionales.
  • Acercar a las zonas rurales los programas de prevención y atención a las adicciones mediante equipos itinerantes, coordinación con atención primaria y plazas de tratamiento accesibles
Tercer Sector Social, voluntariado y financiación estable
  • Cumplir plenamente la Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha mediante desarrollo reglamentario, estrategia de promoción, inventario, financiación plurianual y concierto social suficiente.
  • Vincular la Comisión para el Diálogo Civil a un nivel político con capacidad transversal y garantizar reuniones trimestrales con agenda, actas, seguimiento de acuerdos e indicadores.
  • Sustituir convocatorias de subvenciones frágiles y de corto plazo por marcos estables de colaboración, financiación plurianual y/o  concertación de servicios cuando proceda.
  • Excluir las prestaciones directas a personas vulnerables de la lógica de subvención cuando ello genere fiscalización indebida, devolución de ayudas o quebranto económico a personas en pobreza.
  • Impulsar un plan de fortalecimiento organizativo del Tercer Sector: digitalización, evaluación, calidad, transparencia, cuidados profesionales y relevo generacional.
Fondos europeos, innovación social y evaluación del impacto
  • Garantizar que los recursos europeos orientados a inclusión social se ejecuten con criterios de impacto, territorialidad, transparencia y participación de entidades sociales.
  • Vincular planes de empleo financiados con fondos europeos a acompañamiento social, formación, cuidados, digitalización y transición a empleo ordinario.
  • Crear un espacio público-privado de coordinación para cobertura de necesidades básicas, tarjetas monedero u otros mecanismos dignos, trazables y no estigmatizantes.
  • Priorizar proyectos de innovación social con continuidad, escalabilidad y evaluación externa, evitando la dispersión de experiencias piloto no transferibles.
  • Publicar anualmente la trazabilidad de fondos destinados a inclusión, vivienda social, empleo inclusivo, infancia vulnerable y sinhogarismo, evitando la sustitución de políticas
  • Incorporar indicadores de resultado: reducción de pobreza, mejora de ingresos, estabilidad residencial, continuidad educativa, acceso a empleo y satisfacción de personas usuarias.
  • Crear un Observatorio Regional de Cohesión y Convergencia que no sea únicamente un repositorio estadístico, sino un instrumento de prospectiva, evaluación y alerta temprana para revertir la Pobreza y exclusión que vive una parte sustancial de nuestra región.
  • Exigir evaluaciones de impacto en infancia y adolescencia a los programas financiados con fondos europeos y priorizar las actuaciones que demuestren mejoras en pobreza infantil, bienestar y acceso a servicios esenciales.
  • Crear un fondo de innovación social para empresas de inserción y proyectos comunitarios en digitalización, economía circular y cuidados, condicionado a resultados de inclusión y a un plan de continuidad tras la fase piloto.
Discapacidad accesibilidad universal y autonomía personal
  • Aprobar una Estrategia Regional de Inclusión de las Personas con Discapacidad 2027-2031 con presupuesto, calendario, responsables e indicadores públicos.
  • Incorporar informes de impacto en discapacidad y accesibilidad en presupuestos, normas, planes públicos y programas financiados con fondos europeos.
  • Garantizar la participación efectiva de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
  • Aprobar planes autonómicos y municipales de accesibilidad universal con actuaciones priorizadas, financiación suficiente y mecanismos accesibles para comunicar incumplimientos y solicitar ajustes razonables.
  • Formar al personal público en accesibilidad, autonomía personal, comunicación inclusiva y derechos de las personas con discapacidad.
  • Reservar viviendas públicas y de alquiler social accesibles, impedir adjudicaciones incompatibles con las necesidades de la persona y financiar la adaptación de viviendas, edificios y zonas comunes.
  • Impulsar viviendas con apoyos, asistencia personal y soluciones comunitarias para la vida independiente, conectadas con transporte y servicios de proximidad.
Migraciones acogida e igualdad en el acceso a derechos
  • Garantizar, dentro del marco competencial, el acceso efectivo a vivienda, salud, educación y servicios sociales de las personas migrantes, incluidas aquellas en situación administrativa irregular.
  • Establecer plazos, criterios públicos y procedimientos accesibles para los informes autonómicos previstos en la normativa de extranjería, con apoyo presencial y seguimiento de demoras.
  • Aprobar un plan regional y local de inclusión de la población migrante que analice condiciones de vida, homologación y reconocimiento de titulaciones, discriminación y barreras administrativas y laborales, con objetivos, presupuesto y evaluación.
  • Crear mesas territoriales para coordinar la acogida de personas temporeras, con participación de administraciones, empresas, inspección laboral, servicios públicos y entidades sociales, y garantizar alojamiento y condiciones laborales dignas.
  • Establecer un protocolo de transición a la vida adulta para jóvenes migrantes tutelados y extutelados que asegure documentación, vivienda, formación, empleo, apoyo comunitario y continuidad del acompañamiento.
Cuidados, dependencia, envejecimiento y soledad no deseada
  • Priorizar la atención domiciliaria integral, la asistencia personal, la teleasistencia accesible y los apoyos comunitarios para favorecer la permanencia en el hogar y avanzar en la desinstitucionalización.
  • Garantizar atención digna y equipos multidisciplinares para las personas mayores en exclusión residencial, sinhogarismo o pobreza, evitando que queden fuera de los recursos por su situación de vivienda.
  • Impulsar programas de envejecimiento saludable, participación social, voluntariado e iniciativas intergeneracionales que prevengan la dependencia y la soledad no deseada.
  • Reconocer y apoyar a las personas cuidadoras familiares mediante formación, descanso, prestaciones suficientes, redes de respiro y apoyo emocional.
  • Mejorar las condiciones laborales, la formación y la estabilidad de las personas trabajadoras de cuidados, especialmente en la atención domiciliaria.
  • Aumentar plazas públicas y concertadas con criterios de calidad en las zonas rurales con menor cobertura, priorizando a personas con alta dependencia y escasos recursos.
Salud, equidad sanitaria y bienestar emocional
  • Garantizar el acceso a la asistencia sanitaria pública de todas las personas residentes, con especial protección de menores, mujeres embarazadas, solicitantes de protección internacional y personas en vulnerabilidad social.
  • Crear ayudas para medicamentos, prótesis, salud bucodental, óptica y otros tratamientos no cubiertos cuando su coste impida seguir la prescripción sanitaria.
  • Financiar programas comunitarios de acompañamiento psicológico, prevención y promoción de la salud mental para personas sin hogar, migrantes, mayores en soledad, jóvenes en riesgo y mujeres víctimas de violencia.
  • Integrar profesionales de salud mental y trabajo social en centros de inclusión, residencias y proyectos comunitarios, y reforzar los grupos de ayuda mutua y los espacios de escucha.
  • Reducir las demoras con planes de intervención prioritaria que consideren el impacto social de la espera y garanticen continuidad asistencial a las personas vulnerables.
  • Reforzar la sanidad rural con personal estable, consultorios con horarios suficientes, transporte sanitario y unidades móviles de atención especializada.
Protección social ante emergencias y crisis climáticas
  • Aprobar un protocolo regional de protección social en emergencias con mapas de vulnerabilidad, sistemas de alerta accesibles, planes de evacuación y continuidad de cuidados y suministros esenciales.
  • Incorporar al Tercer Sector Social y a las redes comunitarias en los comités y planes territoriales de emergencia, con convenios estables, funciones definidas y canales anticipados de información.
  • Establecer un sistema ágil de ayudas para alimentación, ropa, higiene, alojamiento, reposición de enseres y salud mental, con tramitación simplificada y anticipos para hogares sin capacidad económica.
  • Priorizar en la planificación a personas mayores, con discapacidad, sin hogar, migrantes, familias con menores y habitantes de asentamientos o viviendas inadecuadas.
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