Artículo realizado por José Fernández, responsable digitalización EAPN CLM
El día 3 de abril comienza el plazo para presentar la declaración de la renta, cita ineludible para toda la ciudadanía comprometida con el sostenimiento del Estado de Bienestar en el que tanto esfuerzo vienen invirtiendo varias generaciones de ciudadanos que residimos en España. Se trata del impuesto con mayor carácter redistributivo de rentas, donde en teoría, aquellos que más tienen deben pagar más, en proporción, que aquellos que menos tienen, como es el caso de aquellos ciudadanos que reciben apoyo estatal de la mano del Ingreso Mínimo Vital, que están obligados a rendir cuentas. Desde EAPN-CLM, muy a favor de las políticas redistributivas de renta y de este tipo de impuestos directos, hemos visto varias novedades en este impuesto sobre las que nos gustaría compartir nuestras reflexiones:
- Una de las novedades más llamativas en Castilla La Mancha es la reducción de las deducciones autonómicas, como por ejemplo la deducción para paliar los efectos de la inflación, ya que si consideramos que durante varios meses nuestra región ha liderado el IPC estatal, parece razonable que lideremos también estas deducciones. Esta cuestión no es menor, ya que lejos de ser un mero ajuste fiscal, profundizará las actuales brechas de desigualdad de nuestra comunidad autónoma. En este sentido, debemos recordar que las deducciones de la declaración del impuesto sobre la renta no representan solo beneficios arbitrarios, sino que en realidad, para familias que habitan en circunstancias de pobreza o al borde de esta, representan un alivio económico primordial que les permite sostener gastos básicos en educación, salud o vivienda. No solo de los titulares de la declaración si no también de sus hijos.
El Gobierno regional, al reducir y eliminar tales deducciones, estaría olvidando el principio de progresividad fiscal y ahondando en la desigualdad de la ciudadanía frente a otros conciudadanos de regiones limítrofes, Este movimiento, sin embargo, obvia las realidades de una de cada tres familias, para quienes estas deducciones son una respuesta política de alivio y apoyo para sustituir electrodomésticos, muebles, alguna reparación o hacer frente a la factura de la luz, todo ello sujeto a IVA, y por tanto a un impuesto indirecto que ha subido tanto como los precios.
Una lectura interesada de estas medidas podría cuestionar si las prioridades del gobierno regional están en mejorar sus ingresos incluso a costa de los más vulnerables, posiblemente para actualizar los presupuestos de políticas sociales y de inclusión que siguen siendo una de las herencias recibidas, de modo que podamos reducir significativamente nuestros datos de pobreza y exclusión social de nuestra región, incluyendo la recuperación de nuestra renta básica regional a fin de igualarnos con las regiones que nos rodean.O solo para mejorar ingresos, ya que de la pobreza se encargan los programas nacionales y europeos como el Ingreso Mínimo Vital o el Fondos Social Europeo, que ya velan por la viabilidad de proyectos vitales precarios, y de los que por esta vía se quiere obtener ingresos fiscal extra.
En cualquier caso, y atendiendo a datos de la CEOE, los contribuyentes españoles realizan un esfuerzo fiscal (en presión fiscal estamos igual) muy superior al del resto de economías avanzadas, lo que supone que los contribuyentes deben dedicar un porcentaje de sus rentas muy superiores a lo que dedican otros ciudadanos de la UE, lo que aumenta su riesgo de pobreza y exclusión ante cualquier revés que nuestras largas vidas nos puedan deparar. Las redes de seguridad vital puestas en marcha con las legislaciones sociales regionales, complementadas por los ERTE o el IMV suponen garantía de supervivencia para los más vulnerables, por lo que en regiones donde la pobreza y la exclusión social alcanzan a uno de cada tres ciudadanos, los poderes públicos deben esforzarse para apoyar a este importante grupo de población, al menos, en igualar su fiscalidad a la sus territorios limítrofes para paliar la desigualdad entre vecinos.En resumen, la reducción de las deducciones fiscales así como la no modificación de los valores de fijación de tramos del IRPF (deflactación del IRPF) en los tramos más bajos (para los que menos ingresan) va suponer una carga fiscal para las familias más vulnerables que venía soportando ya los efectos negativos la inflación.